El procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades en Venezuela.

El procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades en Venezuela es un mecanismo de control fiscal que tiene como objetivo sancionar a los servidores públicos o particulares que hayan incurrido en actos, hechos u omisiones contrarios a la normativa legal o sub legal, con ocasión del desempeño de sus funciones o del manejo de recursos públicos.

Este procedimiento está regulado por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, así como por los manuales de normas y procedimientos que cada órgano del Sistema Nacional de Control Fiscal debe elaborar conforme a las directrices del Órgano Rector¹².

El procedimiento se inicia cuando los órganos de control fiscal, con fundamento en los resultados obtenidos en las actuaciones de control fiscal o de las potestades investigativas, ordenan el inicio del mismo mediante una providencia administrativa, en la cual se identifica al presunto responsable, se le imputan los cargos, se le indican los derechos y deberes que le asisten y se le concede un lapso de quince días hábiles para presentar sus alegatos y pruebas.

Luego de la fase de alegatos y pruebas, el órgano de control fiscal dicta una resolución motivada, en la cual declara o no la responsabilidad administrativa del presunto responsable y, en caso afirmativo, le formula los reparos correspondientes, que consisten en la obligación de reintegrar al Fisco Nacional, Estadal, Municipal o al ente respectivo, el monto de los daños patrimoniales causados.

La resolución puede ser impugnada por el responsable mediante el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, ante el mismo órgano que dictó la resolución. El órgano de control fiscal debe decidir el recurso dentro de los treinta días hábiles siguientes a su interposición, mediante una resolución definitiva que agota la vía administrativa.

Contra la resolución definitiva, el responsable puede ejercer el recurso contencioso administrativo de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los sesenta días continuos siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades en Venezuela es un instrumento de control y sanción que busca garantizar la transparencia, la eficacia y la legalidad en la gestión pública, así como la protección del patrimonio público frente a posibles irregularidades o ilícitos cometidos por los servidores públicos o particulares que administren, manejen o custodien recursos públicos.