LA ORALIDAD EN EL PROCESO PENAL.
La oralidad –la expresión de la palabra hablada– es la forma más natural,
elemental y original de producción del lenguaje humano. Es independiente de
cualquier otro sistema: existe por sí misma, sin necesidad de apoyarse en otros
elementos. Esta característica la diferencia de la escritura, estructura
secundaria y artificial que no existiría si, previamente, no hubiera algún tipo
de expresión oral.
El lenguaje ha sido el elemento básico que ha facilitado la comunicación,
que es su función fundamental. Es un hecho social que permite la adquisición de
costumbres, creencias e historias propias y comunitarias, la relación con otras
personas y grupos y la transmisión de experiencias y saberes. Tal comunicación
–comprendida como intercambio de contenidos y experiencias– genera relaciones
sociales, y, a través de ellas, configura sociedades humanas con identidades y
culturas propias, basadas precisamente en el conocimiento compartido.
Según Francisco Garzón Céspedes, la oralidad es el proceso de comunicación
(verbal, vocal y corporal o no verbal) entre dos o más interlocutores presentes
físicamente todos en un mismo espacio. La oralidad debe ser diferenciada del
simple hablar en voz alta cuando hablar deviene expresión pero no comunicación.
Es evidente que la oralidad es un fenómeno complejo. Esta complejidad queda
reflejada en esta breve descripción del acto oral:
“[El hablante] tiene que controlar lo que acaba
de decir y determinar si concuerda con sus intenciones, al mismo tiempo que
enuncia la expresión en curso, la controla y plantea simultáneamente su
siguiente enunciado para ajustarlo al patrón general de lo que quiere decir,
mientras vigila, además, no sólo su propia actuación, sino su recepción por
parte del oyente. No posee un registro permanente de lo que ha dicho antes, y
sólo en circunstancias especiales puede tener notas que le recuerden lo que va
a decir a continuación” (Brown y Yule, 1993: 23).
BREVES
NOCIONES ACERCA DE LOS PROCESOS O SISTEMAS INQUISITIVO Y ACUSATORIO.
El
Proceso o Sistema inquisitivo.
El sistema inquisitorio, es un
principio jurídico propio del Derecho procesal de ordenamientos jurídicos
históricos, en el que el juez o tribunal que instruía y juzgaba el proceso era
parte activa en éste, sumando sus propias alegaciones y pretensiones a la causa
en la que posteriormente emitiría sentencia.
Comenzando con una definición
general superflua, podemos decir que nos encontramos en un proceso de un
sistema inquisitivo cuando las facultades de acusar y juzgar recaen en manos de
una misma persona, o mejor dicho, el juez y el órgano acusador trabajan a la
par, nos referimos al Ministerio Público y al Poder judicial, esto quiere decir
que el Juez no es neutral, ya que su trabajo al mismo tiempo es acusar y no ser
una especie de observador externo.
Todo el procedimiento es cien por
ciento escrito, se maneja de una manera secreta, es decir, no da lugar a la
oralidad ni a la publicidad, sin mencionar la carencia de otros principios que
deben existir en un debido proceso penal. Existe la posibilidad de la doble
instancia, dada la jerarquía de los tribunales. El imputado casi siempre
declara durante el proceso, y su simple confesión puede ser prueba suficiente
para dictarle una sentencia condenatoria.
Según la gravedad del delito podría
tener lugar la prisión preventiva. Sin ser dicho abiertamente, el acusado tiene
ante el estado la calidad de culpable hasta que se demuestre lo contrario. Se
encuentra prácticamente en un estado de indefensión ante el juez “acusador”
debido al poder atribuido a este.
El
Proceso o Sistema Acusatorio.
El procedimiento acusatorio debe su
nombre al principio de igual denominación, según el cual el Estado tiene la
carga de la prueba, y se rige por la “oralidad” del procedimiento, la igualdad
de las partes y de que el proceso es público y accesible al pueblo.
Este principio se fundamenta en lo
que los estadounidenses llaman la igualdad de armas, (equal force) es decir,
mismas condiciones entre la acusación y la defensa, con lo que se garantiza que
el derecho penal cumpla en forma razonable con sus dos finalidades básicas:
proteger por una parte a la sociedad del delito, lo cual es ampliamente
conocido y, por otra al acusado frente a los excesos, las desviaciones y las
perversiones en la acusación; es decir, el derecho penal es, o debe ser, una
forma de reducir la violencia en la sociedad, no de agravarla.
Al
proteger a la sociedad del delito se pretende evitar la impunidad, pero también
desalentar todas las formas de justicia por propia mano. A esto último se puede
agregar, además de los linchamientos que con relativa frecuencia se dan a
conocer en los medios de comunicación, la venganza pública, que es peor que la
privada. Al respecto BINDER, (2.000) señala:
“Por eso, cada
vez que animan a un juez sentimientos de venganza, de parte o de defensa
social, o que el Estado deja sitio a la justicia sumaria de los particulares,
el Derecho Penal retrocede a un estado salvaje, anterior a la formación de la
civilización…”.
Un sistema de corte acusatorio nos
garantiza que, en caso de enfrentarnos a un proceso penal, por azares de la
vida, por estar en el lugar, por estar cerca, por estar involucrados, o aun sin
tener nada que ver, recibiremos un juicio justo.
Este proceso acusatorio también es
el único que favorece la confianza en las autoridades. Si no tenemos la certeza
de que, de ser juzgados, recibiremos un juicio justo, siempre quedará un margen
de duda respecto del propio sistema. Independientemente del problema de las
garantías del acusado, está el de la necesaria credibilidad del sistema de
justicia penal. Hoy día nada puede funcionar sin esta condición, ni el sistema
económico ni tampoco el sistema de justicia penal. En el primer caso habrá
devaluaciones, pero en el segundo se presentan crisis en la impartición de
justicia, tan graves como aquéllas.
NATURALEZA
DE LA ORALIDAD EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO.
Se debe tener en cuenta que no es el carácter
oral o escrito el que define un sistema como acusatorio o inquisitivo, lo que
distingue a un sistema de otro son los principios rectores que regirán todas
las etapas del proceso. Visto desde ese punto de vista la Oralidad o la
escritura son simplemente las formas en que puede ser encausado o administrado
el mismo.
La oralidad es una herramienta, un mecanismo, un
método si se quiere, que es cierto contribuye a efectivizar el acusatorio, pero
de ningún modo puede predicarse que a menor oralidad, menor “cantidad” de
acusatorio. No implica una mejor justicia, sino que permite dar mayor
trascendencia y exponer con evidente claridad la vigencia de otros principios,
fundamentalmente la contradicción, la publicidad, la inmediación y el derecho a
ser oído.
A través de la oralidad se ponen en práctica los
demás principios que orientan el proceso en todas sus etapas, entre ellos se
encuentran el de contradicción, igualdad, inmediación, entre otros. En la
actualidad es un principio prevaleciente en la mayoría de los ordenamientos procesales
modernos. A pesar de que es esencialmente técnico, es necesario tener en cuenta
su incidencia en el cumplimiento de las garantías y derechos de los acusados.
El proceso penal oral supone, obviamente,
oralidad y, además, inmediación, concentración, publicidad y oficiosidad, como
principales elementos o principios fundamentales. De la esencia del proceso
oral, está la audiencia; esto es, no basta que en un proceso se le conceda a
los sujetos procesales expresar de viva voz sus alegatos o conocimientos, debe
concebirse que lo que se diga, sea oído, en primer lugar por el juez y luego,
naturalmente, por el adversario y público en general, quien de esta forma puede
ejercer eficazmente contraloría judicial.
Desde nuestra óptica, entonces, el proceso oral
requiere de las audiencias, esto es, las distintas oportunidades en que las
partes, ante el juez, expongan sus argumentos y presenten sus pruebas. De esta
forma, el llamado proceso por audiencias es el cauce por el que puede,
efectivamente, transitar el proceso oral.
El hecho de que existan actuaciones escritas u
orales, en mayor o menor proporción, en el recorrido de un proceso, no lo hará
escrito u oral, sino el debate y confrontación en audiencias, con debidas y
suficientes oportunidades para alegar, probar, refutar, controlar y
contradecir, es lo que dará al proceso su carácter de oral o no, siendo su
modelo opuesto, a nuestro modo de ver, el proceso preclusivo dominado por fases
consecutivas.
El proceso oral, en consecuencia, impone que los
litigantes y el juez salgan de las trincheras de las formalidades y los
escritos en las que con facilidad y comodidad se ocultan y, cara a cara, asuman
sus respectivas responsabilidades en torno a la resolución de la controversia.
En este mismo sentido, Montero Aroca
también afirma que:
“el principio de
oralidad significa, en primer lugar, que en los actos procesales predomina lo
hablado sobre lo escrito, como medio de expresión y comunicación, entre los
diferentes sujetos que intervienen en el proceso. Hoy no cabe admitir que el
momento típico para distinguir entre un procedimiento oral y otro escrito, sea
el de las deducciones de las partes y que si hubiera que destacar algo que
normalmente caracteriza al procedimiento oral, diríamos que esta clase de
procedimiento suele acabar en una audiencia oral en la que el juez se pone en
relación directa con las pruebas personales (testigos y peritos) y con las
partes, sin perjuicio de que esta audiencia haya sido preparada por una serie
de actos escritos, en los cuales incluso puede haber interpuesto la
pretensión”.
EL
PRINCIPIO DE ORALIDAD EN LA LEGISLACIÓN PENAL VENEZOLANA.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
señala en su artículo 257:
“El proceso
constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las
leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los
trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará
la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.”
El artículo 14 Código Orgánico Procesal Penal, señala:
“Oralidad. El juicio será oral y sólo se apreciarán las
pruebas incorporadas en la audiencia, conforme a las disposiciones de este
Código”
También es
acogido en el artículo 338 del Código Orgánico Procesal Penal, el
cual establece:
“La audiencia
pública se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a los alegatos y
argumentaciones de las partes, como a las declaraciones del acusado, a la
recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes
participen en ella. Durante el debate, las resoluciones serán fundadas y
dictadas verbalmente por el tribunal y se entenderán notificadas desde el
momento de su pronunciamiento, dejándose constancia en el acta del juicio.
El Tribunal no
admitirá la presentación de escritos durante la audiencia pública”.
EL
PRINCIPIO DE ORALIDAD Y SU RELACIÓN CON LOS DEMÁS PRINCIPIOS PROPIOS DEL
SISTEMA ACUSATORIO.
El principio de inmediación.
La inmediación, estrechamente unida a
la oralidad permite al juez ponerse en contacto directo con las pruebas, las
partes, captar aspectos y declaraciones imposibles de conseguir de otra manera.
A través de ella se obtienen las pruebas de las fuentes originarias.
Según Ricardo Levene se facilita de ese modo el mutuo control entre el juez y
las partes, y se asegura la comprensión, evitándose que se altere o deforme la
realidad, lo cual ocurre cuando llega a conocimiento del tribunal en forma
mediata o indirecta por el procedimiento escrito.
El
Principio de concentración.
La concentración constituye otro de
los principios, la cual permite efectuar en una sola audiencia, o a lo sumo en
pocas audiencias próximas, los actos procesales fundamentales. Evitándose, que
se borren las impresiones adquiridas por el juez, que lo engañe la memoria, y
que por cualquier circunstancia cambie el juez que ha comenzado a intervenir en
la causa. La concentración de actos procesales permite que el juicio se
desenvuelva ininterrumpidamente. Con ella, el proceso se desenvuelve
continuamente, es decir, que los actos se siguen unos a otros sin solución de
continuidad, permite al juez que en el momento de dictar sentencia conserve
vivo y fresco el recuerdo de todo lo que ha visto y oído.
El
principio de contradicción.
Mediante él se garantiza que el
debate se presente como una verdadera contienda entre partes. En lo que al
acusado respecta se presenta como la obligación constitucionalmente reconocida
de que nadie puede ser condenado si previamente no ha tenido la posibilidad de
ser oído y vencido en juicio, lo cual se conoce como derecho a resistir la
imputación. A través del mismo, los actos de procedimiento deben efectuarse con
intervención de la parte contraria, la cual tiene el derecho y la oportunidad
de oponerse a ellos y de controlarlos.
El
principio de oficialidad.
Otro de los principios que informan
el proceso penal y que se encuentra estrechamente unido al de obligatoriedad,
es el de la investigación oficial, su fin es la intervención del poder estatal
en la persecución de los delitos. Si el Estado posee el ius puniendi se hace
necesario entonces su intervención en la investigación del hecho delictivo, en
la acusación formal y solución final del caso. Pero la cuestión estriba en que
al seguir consecuentemente la historia del proceso, hay que convenir que no
puede ni debe ser el mismo órgano estatal quien investigue, acuse y sancione o
absuelva al imputado. Característica que resulta propia del sistema
inquisitivo; se impone entonces que un órgano independiente sea quien realice
las investigaciones y acuse y otro distinto quien juzgue y resuelva el asunto.
A
MODO DE CONCLUSIÓN.
Luego de haber analizado
someramente las nociones de oralidad y de los sistemas penales inquisitivo y
acusatorio, es pertinente realizar las siguientes afirmaciones:
·
Lo que determina el
carácter de acusatorio de un proceso penal, no es el hecho que la mayoría de
los actos se realice de forma oral y pública, este carácter viene dado por el
hecho de que las funciones de acusar y juzgar estén diferenciadas y atribuidas
a actores distintos.
·
La oralidad es una herramienta, un mecanismo, un
método si se quiere, que es cierto contribuye a efectivizar el acusatorio, pero
de ningún modo puede predicarse que a menor oralidad, menor “cantidad” de
acusatorio.
·
El principio de
oralidad en el proceso penal venezolano es de gran importancia, ya que el mismo
determina la eficacia de otros principios, tales como: inmediación,
concentración, publicidad y contradicción.
·
Desde la perspectiva de
la oralidad, la inmediación, la concentración, el contradictorio adquieren otra
dimensión, el sistema oral permite la comunicación para la adquisición de la
verdad, un modelo de comunicación para la redefinición del conflicto, entonces
la oralidad es un instrumento indispensable.
